Los panameños se han desayunado en los dos últimos meses un chorizo bien pesado, llamado la Ley 30, que ha causado dos muertos oficiales y un centenar de heridos entre los que se cuentan ciegos con ceguera total o parcial causada por los perdigones de las “fuerzas del orden”, esas mismas que llevan el lema “proteger y servir”.

En paralelo a tan nefastos acontecimientos se ha dado la proeza de una licitación de por sí engañosa, en donde luego de meses de reuniones de supuesta homologación, en que vinieron al país una treintena de compañías que obligaron a las autoridades a cambiar los pliegos de cargos a su antojo, solo dos de tres fueron aceptadas.

Imposible creer que una de las tres no tuviera sus papeles en orden, ya que han habido doce reuniones explicatorias en las que las especificaciones fueron cambiadas para favorecer a media docena de promotores, y solo tres participan quedando eliminada una para que solo los consorcios colombianos-panameños participaran. Ahi no hubo sorpresas.

La turbia tendencia mostrada por las autoridades desde julio de 2009 de ser sombra de los dictámenes de la Casa de Nariño y sus socios empresariales, tendría este resultado. No nos sorprendió.

Lo que si rayó en lo soberbiamente absurdo fue que en la revisión de las ofertas, el tema de la seguridad y la integridad de los autobuses, el cumplimiento de las especificaciones técnicas de los mismos, jamás fuera evaluada.  Obviamente, la comisión jamás fue integrada por un experto en seguridad estructural e integral en autobuses o transporte público. Debemos entender que no era necesario, puesto que los muertos del bus 8B-06 no se merecen explicaciones, ni ninguno de otros muertos cuyo sesgamiento de vida fue a manos de la inseguridad de los buses que todavía ruedan por las calles.

La comisión ni siquiera consideró la integridad estructural de los buses ofertados. La razón quizás es que ninguno de los ofertantes cumple las normas internacionales.

Así es. Colombia recien en mayo de 2010, a través de un acto del Ministerio de Transporte, anunció que en ese país a partir de febrero de 2011 se deberán cumplir con las normas internacionales adoptadas por la Comisión Europea y Naciones Unidas, conocidas como normas de seguridad UNECE.  Ningún constructor de carrocerías colombiano está todavía obligado a cumplir la norma, no hasta después de febrero de 2011.

Hacemos un paréntesis para reproducir aquí un artículo que enviamos al diario El Panamá América, y que nunca fue publicado. Vale resaltar que pocos días después de enviarlo, el editorial del diario titulado “La Ruta al Desarrollo” le echaba cuantas flores podía al proceso de licitación del MetroBus. Veamos:

Dudas Razonables sobre Seguridad en Nuevos Autobuses

El pasado 22 de junio fue hecho público el informe de la comisión evaluadora de las propuestas de licitación del nuevo sistema de transporte masivo metropolitano por autobuses, denominado Metrobus. El informe, hecho público a través del sistema PanamaCompra, sin embargo, no revela ninguna evaluación sobre las especificaciones técnicas de seguridad de los autobuses que se emplearán, las cuales eran parte extensa del pliego de cargos.  En ningún lugar del informe se mencionan o evalúan en detalle el cumplimiento de las normas de seguridad en el chasis, la carrocería, accesorios, y demás puntos de seguridad y comodidad exigidos en el pliego de cargos.

Según el informe, entre los consorcios el que se perfila ganador incluye un reconocido fabricante de carrocerías del vecino país de Colombia. Sin embargo, apenas hace unas semanas el Ministerio de Transporte de ese país reveló la reglamentación de la nueva norma técnica de seguridad que deberán cumplir los fabricantes de carrocerías de transporte público a partir del inicio próximo año. Esta reglamentación exigirá cumplir con normas de seguridad que homologan normas de seguridad de la Comisión Europea adoptadas por Naciones Unidas, como son las que se refieren a la integridad de la estructura de la carrocería en casos de vuelcos entre otras, y que es de obligatorio cumplimiento en carrocerías fabricadas en Brasil, a través de las normas CONTRAN 811.

Aún cuando el fabricante asociado al consorcio que más puntos recibió en la evaluación demuestra una larga experiencia en construcción de carrocerías, y que tiene sólidas asociaciones con carroceros de Brasil, cómo pueden los futuros usuarios ser garantizados que los carrocerías fabricadas en el vecino país cumplen las normas que fueron exigidas en el pliego de cargos, si este punto no se evaluó en detalle, y  si todavía no hay una entidad certificadora de esta norma aprobada en ese país, y además no se estará exigiendo su cumplimiento hasta enero de 2010. Nos dicen muy orondos que los nuevos autobuses estarán aquí en diciembre, es decir, antes de que se exija el cumplimiento de las normas de seguridad del país de los ofertantes.

Solo un miembro de la comisión dijo públicamente que los autobuses serán de marcas Mercedes Benz y Volvo, pero eso no garantiza su seguridad, ya que las carrocerías no serán fabricadas por estas marcas. Exigimos, por el bien de los usuarios, una explicación a esta deficiencia en la evaluación de las ofertas de la licitación, y que se cumplan las normas internacionales a cabalidad.

En otras palabras, los panameños tendremos que recibir antes de febrero de 2011 autobuses que llamarán “seguros, confiables, etc” pero que no lo son. Porque si no cumplen con al menos integridad estructural verificada y certificada por laboratorios en donde se realicen las pruebas que corresponden al cumplimiento de estas normas, entonces los usuarios del transporte público colectivo, serán otro más de los conejillos de indias de las maniobras gubernamentales de promesas engañosas, cumplidas a medias o incumplidas.

Así se paga al pueblo que tantos años sufrió, y qué tienen que decir los profesionales, ejecutivos y empresarios. Pues nada, la licitación se hizo según ellos, no según lo que el pueblo pidió: seguridad, confiabilidad.

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